BOLÍVAR, DICTADOR DEL PERÚ

El historiador peruano Ricardo Mariátegui Oliva lo expresó así de sucinto:

“Bolívar siempre actuó dubitativamente: proclamó libertad y procedió como absolutista; sostuvo la soberanía del pueblo y trató de destruirla; invocó justicia y la proscribió; dimitió tres veces una autoridad temporal y electiva, procurando, en cambio, una perpetua y hereditaria”

El historiador, también peruano, Herbert Morote autor de un exitoso libro titulado “Bolívar, Libertador y enemigo Nº 1 del Perú” dice:

“… tras independizarnos en solo 15 meses, los 21 siguientes en vez de libertad sufrimos una brutal represión y la amputación de la mitad de nuestro antiguo territorio. Ninguna nación latinoamericana ha pagado tanto por su independencia”

¿Que ocurrió en Perú para que estos historiadores emitan tal opinión de Bolívar? Si este es el dicterio de unos historiadores, podemos imaginar cual es la opinión que quedó en la gente del común. Hablando con unos y otros, en Perú, cada cual tiene su opinión histórica, pero en todos es coincidente el criterio de la trayectoria dictatorial, e incluso tiránica, de quien primero los había emancipado.


El 20 de setiembre de 1822 se inaugura el Congreso Constituyente bajo la presidencia del cura Francisco Xavier Luna Pizarro. La mayor parte de los Congresistas eran abogados, 28, curas 26, médicos 8 y solamente 5 militares. El primer día se dedican a establecer la forma de gobierno, por un lado estaba la tesis de San Martín de una monarquía constitucional y por otro la de José Faustino Sánchez Carrión de una república constitucional. Al segundo día del Congreso los diputados se decidieron por la forma republicana compuesta por ciudadanos iguales todos ante la ley. Esta Constitución establece de que el Presidente de la República era elegido, por 4 años, por el Congreso (sin ser necesariamente congresista) a quien se sometía.

Otro dato interesante de esta Constitución es sobre la participación de la sociedad. Las corrientes del pensamiento filosófico-político de la época, no eran partidarias del voto universal, como ya lo había hecho la Constitución de Cádiz de 1812 al eliminar a los pardos y a los indígenas del derecho al voto. Pero la Constitución peruana de 1823 otorga el voto a todos, indígenas incluidos, menos a las mujeres y a los menores de edad.

El 2 de Setiembre de 1823 el Congreso Constituyente Peruano nombra a Bolívar “Suprema Autoridad” y el 11 de Noviembre, un día antes de proclamar la primera Constitución de la República Peruana, el Congreso Constituyente decreta la suspensión de todos los artículos de la Constitución que se opongan a los deseos de Bolívar. No podía tener la Constitución de 1823 menos vida propia, murió el día antes de nacer.

Hasta Marzo de 1824 Bolívar se dedica a la formación del ejército patriota junto con Sucre, Córdoba y Lara, con La Mar al mando de las tropas peruanas. El 6 de Agosto, en Junín, son derrotadas por primera vez las tropas españolas, que serán definitivamente derrotadas en la Pampa de la Quínua, en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Un año y tres meses después de llegar Bolívar se termina el Virreinato del Perú.

Aquí termina, junto con el Virreinato, el Bolívar militar y Libertador sin cuyo genio militar y estratégico la emancipación peruana se hubiese alargado por sabe Dios cuantos años más, si es que acaso hubiese llegado a conseguirse. Pero a la par que termina el Bolívar militar comienza el Bolívar dictador del Perú.

Simón Bolívar y Palacios

Una vez completada la independencia peruana, Bolívar convoca de nuevo al Congreso Constituyente el 10 de febrero de 1825, al cual asisten 56 de los 79 diputados, la mayoría suplentes, de los cuales 9 era colombianos. Este Congreso nombra a Bolívar “Padre y Salvador de la Patria” y ordena que se erija la estatua ecuestre en la plaza del Congreso, donde está actualmente, así como el pago, como una “pequeña demostración de reconocimiento” de una recompensa al Libertador de 1.000.000 de pesos, cantidad que representaba, más o menos, la tercera parte del presupuesto anual del Perú de la época. Para poder entender la magnitud de esta cifra, estimen que es equivalente al monto total de todas las expropiaciones de tierras, casas, minas y haciendas hechas a todos los españoles que se habían refugiado en el Real Felipe de El Callao. Y este dato proviene de una fuente tan confiable como la del Ministro de Hacienda de Bolívar en 1826. Además de la recompensa en efectivo, que rechazó con poco ánimo varias veces para al final aceptarla “a nombre de su familia” y que fue efectivamente cobrada por sus herederos, el Congreso también le regaló una espada de oro con 1.374 piedras preciosas, diamantes, esmeraldas y rubíes

Un Congreso totalmente entregado a los encantos de Bolívar le otorga aún más poder que el militar que ya tenía. Logra para el ejército Grancolombiano, y para él mismo, recompensas desmesuradas, así como le otorga a Bolívar el poder decidir sobre la suerte del Alto Perú y, la casi exacción, de aportar el Perú 6.000 soldados peruanos al ejercito unido de la Gran Colombia.

Espada regalada por la Municipalidad de Lima
al Libertador Simón Bolívar

Satisfechas todas las peticiones de Bolívar, el Congreso Constituyente da por terminadas sus sesiones y a partir de ese momento toda la autoridad de la República recaía en Bolívar. Bolívar gobernará el Perú por tres largos años en los que se le conocieron 11 diferentes gabinetes ministeriales aunque después optó por un solo Ministro o Secretario General de los Negocios de la República, puesto que ocupó en una oportunidad el angostureño Tomás de Heres quien había sido anteriormente expulsado del Perú por San Martín.

Tomás de Heres (Angostura 1795-1842)

El poder ejecutivo lo dejó en manos de un Consejo de Gobierno y le pidió al General La Mar que lo presidiese, pero este se negó causando el disgusto de Bolívar que quería a Sucre en el Alto Perú y a La Mar en el Perú.

Las actuaciones en la sociedad peruana se consideran hoy totalmente equivocadas en algunas de ellas, tal vez por desconocimiento de la realidad social del Perú. La sociedad Peruana de comienzos del XIX era muy diferente de la de Venezuela, que Bolívar conocía tan bien. En esa época, la clase baja peruana tenía un componente indígena puro muchísimo más importante que en Venezuela donde la clase baja estaba conformada por pardos y esclavos. En Perú existía una grandísima población indígena, no totalmente integrada a la cultura e idiosincrasia hispana, y que mantenía mucha de su cultura ancestral, la quechua y la aymara. Este estamento social no era, ni bien comprendido, ni bien aceptado por Bolívar. El eminente historiador John Lynch en su biografía de Bolívar nos refiere:

“Los indígenas del Perú, a diferencia de los pardos y los negros, no ocupaban un lugar central en las preocupaciones de Bolívar “

Sabemos que Bolívar, por sus correspondencias, emitía juicios racistas como este contenido en la carta que desde Pativilca le envía a Francisco de Paula Santander el 9 de enero de 1824:

“Yo creo que he dicho a usted antes de ahora que los quiteños son los peores colombianos. El hecho es que siempre lo he pensado, y que se necesita un vigor triple allí que el que se emplearía en otra parte. Los Venezolanos son unos santos en comparación de esos malvados. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa; viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indios y los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio de moral que los guíe. Los Guayaquileños son mil veces mejores”

Francisco de Paula Santander y Omaña
(Cúcuta 1792 – Bogotá 1840)

Este tipo de expresiones contrasta con el decreto de San Martin del 27 de agosto de 1821 en que se prohibía el uso de palabras como “aborigen”, “indio” o “natural” y ordenaba que, solamente, se usase para ellos el nombre de “peruanos”.

En Abril de 1825, Bolívar, en uso de sus plenos poderes, dispone la anulación de la emancipación de los esclavos que había decretado San Martín y legisla un punitivo reglamento de trabajo y de castigos en las haciendas del Perú.

No obstante, Bolívar, el 4 de julio de 1825 emite un decreto proclamando:

1º Que la igualdad entre todos los ciudadanos es la base de la Constitución de la República.
2º Que esa igualdad es incompatible con el servicio personal que se ha exigido por la fuerza a los naturales indígenas y con las exacciones y malos tratamientos que por su estado miserable han sufrido estos en todos tiempos por parte de los jefes civiles, curas, caciques y aún hacendados.

Sin embargo, el 11 de agosto de 1826, Bolívar implanta de nuevo el tributo del indígena, que ya había sido eliminado por los españoles a raíz de la Constitución de 1812, aunque después recuperado por el Fernando VII absolutista y definitivamente derogado por San Martín el 27 de agosto de 1821.

Algunos autores defienden el decreto de Bolívar por la justificación de proveer recursos a un Estado casi en estado de insolvencia. Que el Estado estaba casi en quiebra es cierto, pero no justifica que se recurriese a un tributo solo por la raza y no por la cuantía de la riqueza del ciudadano. Estos tributos indígenas llegaron a representar el 35% del presupuesto de la República.

Curiosamente este tributo durará hasta el año 1852 cuando la República, en cuya presidencia estaba Ramón Castilla y Marquesado, se vio beneficiada por las nuevas exportaciones del guano. Por las mismas fechas es abolida definitivamente la esclavitud.

Ramón Castilla y Marquesado
Presidente del Perú
(Tarapacá 1797 – Tiviliche 1867)

A pesar de eso, el ejercito Grancolombiano se vio reforzado con gran número de indígenas del Ecuador y del Perú. Las primeras tropas peruanas para el ejército unido son aportadas después de la conferencia de Guayaquil. Después, un nuevo pedido de tropas al Libertador, por parte del primer Presidente de la República del Perú, tras la salida de San Martín, José de la Riva Agüero, ante el ataque de los realistas a Lima, Bolívar concede las tropas pero bajo la condición de que todas las bajas del ejército grancolombiano fuesen suplidas por peruanos.

Esta condición de auxilio fue un gran fraude pues se le exigió al Perú que se supliesen les bajas del ejercito grancolombiano no solo por muerte en acciones de guerra, sino por cualquier otro motivo, enfermedad e incluso deserción. Y la mayor parte de las bajas fue por deserción ya que, en un solo mes, llegaron a contarse cerca de 3.000 deserciones, mientras que en batalla, entre las batallas de Junín y de Ayacucho, apenas se perdieron 345 muertos y 699 heridos.

Se supone que entre 5.000 y 6.500 peruanos fueron desplazados hacia Colombia y Venezuela por causa de este tratado, y vagaron por el norte de Sudamérica hasta mediados del siglo XIX. Hoy se piensa que el traslado de estos reemplazos al norte era para la defensa de la Gran Colombia que ya enfrentaba sus primeros problemas internos.

Podemos leer, en muchas correspondencias de Bolívar de 1825, las órdenes para llevar estos reemplazos peruanos a Panamá, Venezuela y Colombia y la discreción que pedía a sus jefes para que la tropa no supiese hacia donde iba por el temor de que desertasen. Muchos de estos soldados, procedentes de la sierra peruana se vieron desplazados a las cálidas tierras tropicales de Colombia y Venezuela donde padecieron todo tipo de penalidades. Todo esto era conocido en el alto gobierno peruano por lo que el Presidente, Jose Domingo La Mar Cortázar, inició reclamaciones para la repatriación de estas tropas, labor que no se lograría completa hasta tan tarde como 1857.

José de la Mar Cortázar
Primer Presidente del Perú
(Cuenca, Ecuador, 1778 – Cartago, Costa Rica, 1830)

Todas las campañas de guerra en el Perú fueron pagadas con tributos y con ventas de tierras del estado, en muchos de los casos hasta por un tercio de su verdadero valor, con lo que la primera gran reforma agraria devino en el acrecentamiento de nuevos latifundios. De este venta indiscriminada de tierras solo se salvaron las tierras confiscadas a los españoles y que estaban laboradas por indígenas “yanaconas” (yanaconas eran los esclavos de los incas y después los que ejercían la servidumbre a los españoles)

En otro orden de ideas suele considerarse a Bolívar el propulsor de una Ley de Imprenta. Si bien la Ley contenía importantes logros en libertad de expresión, no es menos cierto que esta Ley nunca funcionó y que Bolívar fue un celoso defensor de su imagen que lo llevaba al irrespeto no disimulado de las formas, cuando no de los fondos, y que, al mejor entendimiento de lo que ocurre actualmente en estas tierras de su heredad, se permitía escribir cosas como esta que aparece en una carta de Bolívar a Tomás de Heres:

“…bueno sería dar un artículo en la Gaceta de Gobierno combatiendo a “El Sol” a nombre de un colombiano, diciendo que los colombianos no quieren estar más tiempo sin mí; y que los señores argentinos se pueden componer como quieran sin mí, puesto que son tan ingratos, y que el Libertador no debe meterse en nada tocante a Río de la Plata. Haga Vd. que el general Salom dé el artículo para que lo firme un oficial como Alzuru….el artículo debe decir todo con moderación y gracia, a fin de que pueda entrar en la Gaceta como remitido por un colombiano”

Y para más seguridad de que los comentarios fuesen siempre halagadores, Bolívar decide fundar un periódico, El Observador de Lima, eso si, con los dineros del estado. Parece que el ejemplo de Bolívar aún permanece en nuestros días.

De la España Virreinal la República hereda las minas del Perú, que en el antiguo régimen eran propiedad del Rey quien las cedía en usufructo a españoles o criollos que diesen garantías de una explotación eficiente y de que se preservase el pago del quinto real. Para asegurarse de todo esto el Rey autorizaba el uso de las “mitas” (mita en quechua significa turno de trabajo) que era el trabajo obligatorio de los indígenas por una tercera parte del año.

El Libertador en su gloria

Bolívar, en vez de considerar que lo que está debajo de la tierra es de los peruanos y promover la explotación por parte de ellos, adopta la misma práctica española y ahora las minas son propiedad de la República, y en consecuencia, a disposición de quien mande en la República, a su bien parecer. Bolívar entrega las minas peruanas a los ingleses, haciendo valer los ofrecimientos que ya había hecho en la Carta de Jamaica:

“Los montes de la Nueva Granada son de oro y plata, un corto número de mineralogistas explorarían más minas que las de Perú y Nueva España;
¡Que inmensas esperanzas presenta esta pequeña parte del Nuevo Mundo a la industria británica!”

Las concesiones de estas minas estuvieron llenas de maniobras, ardides y corrupción en modos y maneras que nada desdice de las que aún siguen ocurriendo en nuestras repúblicas modernas. El propio Bolívar propició los proyectos de la compañía británica Cochrane, la misma compañía arrendataria de sus minas del Valle de Aroa y a quien en 1825 proponía la venta de Aroa, una propiedad de 260 mil hectáreas. Cuando esto trataba Bolívar, con John Dundas Cochrane, no sabía el pobre inglés que la propiedad de las minas de Aroa aún estaba en litigio con los señores Lazo y Estévez.

Dentro del Perú comenzó la oposición a Bolívar encabezada por el arequipeño Francisco Xavier Luna Pizarro, quien había sido primer Presidente del Congreso Constituyente y quien apoyó a La Mar para Presidente de la República. Bolívar intenta por todos los medios que Luna Pizarro no esté en el Congreso y así escribe una carta al prefecto de Arequipa, general La Fuente:

” ¡Qué malditos diputados ha mandado Arequipa!
…Si Vd. Ama a su patria debería empeñarse en que varíe esta maldita diputación. Luna Pizarro engañó a Rivera Agüero, Luna Pizarro echó a Monteagudo y a San Martín, Luna Pizarro perdió a la Junta de Gobierno, por culpa de Luna Pizarro entró Torre-Tagle, por Luna Pizarro se perdió el Perú eternamente y por Luna Pizarro se volverá a perder, pues tales son sus intenciones”

Con diputados tan poco proclives a Bolívar, Bolívar consigue que el propio Congreso General, por él convocado, suspenda sus funciones y entre en receso.

Arequipa no le era favorable al Libertador. En una carta que Bolívar le dirigió a Hipólito Unanue, eminente catedrático de anatomía de la Universidad San Marcos de Lima y Ministro de Hacienda en el gobierno de Bolívar, asevera:

“Arequipa está llena de godos y de egoístas: aseguro a Vd. que con toda prevención favorable que les tenía, no me han gustado. Es el pueblo que menos ha sufrido por la patria y el que menos la quiere”

Al no poder el gobierno eliminar a los diputados de oposición, entonces recurre a invalidar los poderes de los diputados de Cusco, Lima y Arequipa. De todos modos la mayoría bolivariana termina por anular el Congreso. Por esas mismas fechas el gobierno le retira a los municipios el derecho de elegir a sus autoridades centralizando el poder de decisión en el propio gobierno. Después de eso el gobierno decreta que los prefectos convoquen a los Colegios Electorales de las provincias y que aprueben directamente la Constitución Vitalicia y el nombramiento de Bolívar como Presidente Vitalicio

En Lima crecía el descontento contra Bolívar y Bolívar veía conspiradores por todas partes, entre los supuestos conspiradores padecieron persecución el general Mariano Necochea, a pesar de haber luchado por la Independencia de Argentina, Chile y Perú. El no ser colombiano fue el gran baldón que hizo que fuese expulsado del Perú. Antes de irse devolvió las condecoraciones al gobierno de Bolívar pues del Perú solo quería llevarse “las heridas de guerra”.

Otro perseguido fue el General Guisse, un militar con una larga tradición que lo lleva desde servir a las órdenes del almirante Nelson hasta servir a las órdenes de San Martín como contraalmirante de la escuadra peruana. Héroe de muchas batallas, participó en el sitio de El Callao. Con unas acusaciones falsas es detenido en Guayaquil. Bolívar ordena remitirlo, por tierra, a Lima para ser juzgado. Cuando iba a mitad de camino Bolívar ordena regresarlo a Cuenca, en Ecuador, así lo mantenía lejos de Lima y del contacto con el resto de los disidentes. 17 meses después de ser apresado comenzó su juicio bajo Consejo de Guerra. Este Consejo de Guerra, después de que Bolívar pierde el poder en Perú en 1827, lo declara inocente. Guisse moriría al año siguiente luchando en Guayaquil contra las fuerzas de Bolívar.

Juan Félix de Berindoaga y Palomares, vizconde de San Donás, había sido ministro de Torre-Tagle a quien siguió al refugiarse en el Real Felipe de El Callao. Apresado cuando escapaba de las malas condiciones de vida existentes en el Real Felipe, es juzgado por haber negociado secretamente la entrega del Perú a los españoles mientras fue Ministro de Guerra, y condenado a muerte y ejecutado en la Plaza de Armas de Lima, a pesar de las solicitudes que se le hicieron a Bolívar de conmutación de la pena. Al día siguiente Bolívar organizó, en su residencia de la Magdalena, una gran fiesta con numerosos invitados. Bolívar le había cobrado, al parecer, que Berindoaga hubiese firmado, junto con otras personas de Lima, un escrito de rechazo a la dictadura del Libertador.

Otros nombres se unirán a estos, cada uno con su historia de oposición o conspiración, nombres como Bernardo Monteagudo, Hipólito Unanue, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Jose María Pando y Jose Faustino Sánchez Carrión.

En Setiembre de 1826 Bolívar enfrenta problemas internos en la Gran Colombia, la delicada unión está por romperse en tantos pedazos como intereses hay en las naciones que la componen. El sueño de Bolívar está a punto de estallar y Bolívar se dirige hacia Colombia a bordo del bergantín “Congreso” mientras deja en el Perú un Consejo de Gobierno encargado de llevar adelante la imposición de la Constitución Vitalicia. Aquí comienza el principio del fin que acabará en la casa de un español en Santa Marta un triste día, el 17 de diciembre de 1830

El último bastión inexpugnable, contra la Constitución Vitalicia, fue la Corte Suprema de Justicia donde se logró que los magistrados no aprobasen la Constitución Vitalicia. Ante este hecho Bolívar presiona al Cabildo de Lima para que declare la validez de las actas de los Colegios Electorales. Esta misma presión la ejerce el gobierno contra todas las autoridades Limeñas, civiles, militares e incluso eclesiásticas para que todos juren fidelidad a la Constitución y Presidente Vitalicio.

Andrés Santa Cruz Calahumana
Presidente del Perú
(La Paz, Bolivia, 1795 – Versalles, Francia, 1865)

Las tropas de Lima se sublevan el 26 de Enero de 1827, cae el Consejo de Gobierno dejado por Bolívar y ante el descontento general y de conformidad con la solicitud presentada por el pueblo de Lima, el Presidente del Consejo de Gobierno, Andrés Santa Cruz Villavicencio, convocó el 27 de enero de 1827, un Congreso Constituyente Extraordinario, desconociendo de facto la Constitución Vitalicia de Bolívar y se convocan unas nuevas elecciones para la presidencia de la República. La dictadura de Bolívar había concluido.

Simón José Antonio Antonio

de la Santísima Trinidad

Bolívar y Palacios

(Caracas 1783, Santa Marta 1830)